El presidente Hugo Chávez parece dispuesto a acabar con la libertad de prensa en Venezuela, como consiguió su admirado Fidel Castro en Cuba. Con el sistema judicial como aliado, en los últimos días se han recrudecido los ataques contra el periodismo independiente y, aunque diversas organizaciones internacionales han condenado los hechos, su acción para evitar la información crítica y desplegar una voz única progubernamental es imparable. Todavía, afortunadamente, algunos le hacen frente.
La cadena privada de televisión Globovisión es uno de sus escollos en esta batalla. Mantiene firme su línea editorial opositora al Gobierno pese a que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones le ha abierto seis procedimientos, ha recibido sentencias que van desde la incautación de microondas hasta multas millonarias y varias amenazas de cierre; y uno de sus principales accionistas, Guillermo Zuloaga, ha tenido que abandonar el país para eludir una orden de arresto.
Zuloaga fue detenido temporalmente el 25 de marzo por vilipendiar supuestamente al presidente de la República en una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, y se le abrió un segundo procedimiento por usura en relación con la venta de varios vehículos, ya que es distribuidor de una conocida marca. Después de que Chávez criticase al Poder judicial por mantenerle en libertad, el 11 de junio pasado un Tribunal de Caracas ordenó el arresto de Zuloaga y su hijo, que se tuvieron que marchar de Venezuela. El caso por la presunta especulación en los precios de venta de los automóviles podría costarles una condena de entre uno y cinco años de cárcel. Zuloaga sostiene que es otra forma más de atacar a la cadena.
Según el escrito enviado al Ejecutivo venezolano por la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, los periodistas y propietarios de Globovisión han sido sometidos “a constantes estigmatizaciones y amenazas por parte de los más altos funcionarios públicos, así como a ataques privados provenientes de grupos afines al Gobierno”.
Intervención del Banco Federal
Otro ejemplo es la intervención del Banco Federal, el octavo del país y propiedad de Nelson Mezerhane, quien controla el 20% del capital de Globovisión. El catedrático de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela Antonio Pasquali explica a El Confidencial que, aunque “no era el banco más prospero y blindado del país” los analistas concuerdan en que detrás de su cierre está “el intento gubernamental de apropiarse de esa parte del capital de la cadena para entrar legalmente en su junta directiva”. En su opinión, “es difícil y tal vez imposible”, ya que las acciones no eran parte del patrimonio personal de Mezerhane quien, recuerda, “ha estado preso algunos meses bajo la injusta y no comprobada acusación de estar implicado en el asesinato del fiscal Danilo Anderson”. El empresario ha huido a Estados Unidos y, al igual que en el caso de los Zuloaga, Venezuela ha pedido a la Interpol su detención y deportación.
La justicia también trabajó como aliada en la lucha contra la libertad de prensa en la condena al periodista Francisco Pérez por difamación e injuria a funcionario público a tres años y nueve meses de prisión, inhabilitación política, prohibición para ejercer el periodismo y una multa de 18.000 dólares. En el diario Carabobeño acusó de nepotismo al alcalde de Valencia, miembro del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Para la CIDH la condena es “desproporcionada” y la noticia “de claro interés público”, lo que muestra “la grave desprotección” en la que se encuentra la libertad de expresión en Venezuela. La Alianza Regional para la Libertad de Expresión (ARLE) también ha criticado esta condena por su “evidente desproporción” y por “privilegiar el honor de los funcionarios públicos frente a las críticas”. La justicia investiga además a otros periodistas por fotografiar alimentos que se pudrieron en un depósito del Gobierno mientras esperaban a ser repartidos entre la población.
Otra vía para amedrentar al periodismo crítico son los ataques perpetrados por grupos afines al Ejecutivo. El último caso de esta larga lista es el sufrido con cócteles molotov por la Cadena Capriles, un conglomerado de medios de comunicación entre los que se encuentran los tres más populares del país. Previamente, altos funcionarios acusaron a sus directivos y periodistas de practicar “terrorismo mediático” y ser “golpistas”. La CIDH ha reprobado en numerosas ocasiones esta conducta y denunciado que no se investigan estos atentados ni las agresiones sufridas por medios y periodistas “por la simple razón de su línea editorial”.
Secuestro informativo
Pero el golpe más fuerte de Chávez a la libertad de expresión y el derecho a la información pública ha sido la creación en junio del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA). Su director tiene la facultad discrecional de declarar reservada, clasificada o de divulgación limitada “cualquier información, hecho o circunstancia” en su poder. Pasquali explica que “viola descaradamente tres o cuatro artículos de la Constitución” al imponer un “embargo” sobre noticias que el régimen chavista considere desfavorables a sus intereses en nombre “de la doctrina dictatorial de la seguridad nacional”. El experto opina que es un decreto “muy militar que parece escrito como si Venezuela estuviese en guerra con alguien”, además de “castrista hasta la médula”. Aunque todas las democracias mantienen algunas reservas sobre noticias muy sensibles de fuentes oficiales, el artículo 9 del CESNA se refiere a “cualesquiera información”, lo que “afecta a la libertad de expresión por cercenamiento de acceso a sus fuentes”.
Para Pasquali, Chávez persigue “la misma hegemonía comunicacional que reina en Cuba”, pero lo hace poco a poco, “apretando cada día un poco más el garrote vil”. Globovisión, recuerda, es la última frontera de la libertad de expresión por televisión abierta porque todo lo demás “ha sido comprado, sobornado, silenciado sometido a autocensura o brutalmente cerrado con robo de equipos”. Augura que las acciones contra la libertad de prensa aumentarán “por la desesperación gubernamental ante el fracaso de su costosísima e ineficaz” política de comunicación, ya que sus medios “apenas llegan a un 4% de audiencia”. No obstante, señala que “el reino dictatorial de la radiotelevisión, que permite a uno solo dirigirse a millones de perceptores sin derecho a réplica, está felizmente cediendo terreno a la nueva democracia digital”. En este campo, donde la censura es mucho más difícil, “millones de chateros e internautas venezolanos están dispuestos a asumir el papel de Yoani Sánchez en La Habana”.
(fuente: elconfidencial.com )
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