El hilo conductor de la Asamblea General 65 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reunió en Buenos Aires a los directivos de los principales medios de comunicación del continente, ha sido la preocupación por el deterioro de la libertad de prensa y, con ello, el debilitamiento del sistema democrático.
Los aspectos positivos son pocos, como la despenalización de los delitos de difamación e injurias en Uruguay. Pero, dicho esto, resulta intolerable, como lo ha denunciado y condenado la SIP, que 16 periodistas hayan sido asesinados en los últimos seis meses (ocho en México, tres en Honduras, dos en Guatemala, dos en Colombia y uno en El Salvador), la cifra más alta de los últimos años. Ello refleja tanto la inseguridad pública como también los niveles de violencia e impunidad del crimen organizado, al que le molesta la prensa independiente.
Luego, como ya es usual, Cuba aparece como un gran lunar antidemocrático, con 27 periodistas encarcelados, así como un férreo control y censura permanente a la libertad de expresión, lo que incluye Internet y blogs.
Venezuela, Bolivia y Ecuador figuran también en la lista de perturbadores de la prensa libre. Es conocida la posición de Chávez, que aparte de expropiar un canal de televisión, amenaza continuamente al resto con maniobras legales (propició una ley de “delitos mediáticos” y cerró 34 emisoras), así como con ataques de turbas violentas.
En el Ecuador sigue la polémica por un nuevo marco legal, el proyecto de ley de comunicación que discute la Asamblea Nacional, el que constriñe enormemente la independencia y autonomía de los medios, al mejor estilo chavista.
Como bien lo grafica el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, es paradójico que los ataques contra la prensa se den luego de superada la etapa de dictaduras militaristas en América Latina, que se caracterizaron por continuas y odiosas violaciones de derechos humanos.
Hoy, efectivamente, con la ola democratizadora deberíamos disfrutar de una situación de pleno ejercicio de la libertad de expresión y opinión. Pero, lamentablemente, no es así.
Según concluye la SIP, no solo sufrimos un “avance desmesurado de la violencia contra los periodistas y la proliferación de leyes restrictivas y arbitrarias decisiones judiciales que limitan la labor informativa”, sino también, lo que es más grave, “la acción coordinada de gobiernos para controlar a la prensa”.
Al efecto, es revelador que la presidenta del país anfitrión, Cristina Fernández de Kirchner, haya desaprovechado este foro para superar la tirante relación de su gobierno con la prensa argentina. Por el contrario, aparte de no asistir a la asamblea, ha insistido en promover leyes para someter a los medios de comunicación y desprestigiarlos. A más de eso, se bloquea el acceso a las fuentes de información y se amedrenta a los principales diarios ya sea con operaciones tributarias o con turbas descontroladas, como lo hace su homólogo Hugo Chávez en Venezuela.
Lo que buscan estos gobiernos, de careta democrática pero de entraña autoritaria e intolerante, es acallar a la prensa independiente que denuncia su ineficiencia, sus arbitrariedades y su pretensión de atornillarse eternamente en el poder. Sin embargo, hay otras maneras más sutiles de someter a la prensa ante las que también debemos estar alertas, como la asignación de publicidad estatal, acoso judicial, control de fuentes informativas, etc.
En suma, tal como lo demuestra la SIP, queda mucho camino por recorrer para hacer entender que la libertad de expresión no es un patrimonio de los periodistas sino de los propios ciudadanos y constituye, además, la mejor garantía para el ejercicio del resto de libertades que provee el sistema democrático.
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