El traslado del contador Eduardo Blanco Alvarez se resolvió a principios de este mes, en línea con otras dos decisiones jurisdiccionales tomadas durante los últimos días. La primera, el cierre de la causa penal contra el fiscal que subroga al frente de la FIA, Guillermo Noailles, que había sido denunciado por no apelar el sobreseimiento de los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito que dispuso el juez federal Norberto Oyarbide. La segunda, el archivo del pedido de juicio político contra ese juez en el Consejo de la Magistratura.
Consultado por este diario, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, instó a no hacer una segunda lectura sobre el traslado de Blanco Alvarez, que ahora deberá ocuparse de investigar la llamada "mafia del oro" (cobro de reintegros por exportaciones ficticias, un escándalo de los años 90). Dijo que por las características del caso, "parece ser el indicado" para esa pesquisa y remarcó que el contador "va y vuelve a la FIA" cuando concluya su labor, lo que podría conllevar meses o años. Según recordó Righi, además, la decisión se tomó el 1° de julio, basado en un pedido del fiscal de la causa de la "mafia del oro", Mauricio Viera, y con la venia de Noailles, que decidió enviarlo a él, en desmedro de otros contadores.
Por escrito, Blanco Alvarez destacó que acatará la orden, aunque le imponen "sin consulta previa" un peritaje ajeno a su especialidad y que deberá abandonar pesquisas sobre "corrupción pública" para las que sí se capacitó.
"No alcanzó a entender cuáles habían sido los criterios" por los que lo escogieron, afirmó, "a menos que esa decisión se enmarque en una tácita decisión de cesar mi intervención profesional en algunos de los expedientes [que podrían calificarse de «sensibles»] en los que venía colaborando activamente hasta hace aproximadamente el mes de diciembre de 2009".
La alusión de Blanco a esa fecha no es casual. Junto con otro contador, el 23 y el 28 de diciembre, redactó dos reportes de 18 carillas en los que aportó datos para fundamentar una hipotética apelación que nunca llegó. Por aquellas horas, Noailles evaluaba si recurría el sobreseimiento de la pareja presidencial que había dispuesto Oyarbide. Pero, a pesar de los reportes de sus contadores, no apeló y permitió así que la causa se cerrara.
Esa decisión, más la revelación de los reportes contables por LA NACION, le valió a Noailles una denuncia en su contra. Entre el lunes y martes último, sin embargo, llegó el cierre de esa causa, porque el fiscal Luis Comparatore no requirió la acción y el juez federal Daniel Rafecas clausuró el tema.
En el mismo edificio de Comodoro Py, pero en el sexto piso, el Tribunal Oral N° 4 avanza con algunas medidas de prueba previas al juicio oral. Su inicio es aún incierto, según indicaron en el tribunal a LA NACION. Podría demorar meses o años, para un escándalo que estalló hace ya 15 años.
A Blanco, le resulta más singular que Righi convocó a un contador de la FIA y no de las "dependencias creadas específicamente", como la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), "que cuentan con integrantes -entre ellos contadores- que poseen amplios conocimientos en materia impositiva cuya aplicación a la prosecución de la causa judicial sería, probablemente, de mucha mayor utilidad".
En su resolución, sin embargo, Righi destacó que el fiscal Viera remarcó que la FIA había intervenido durante "la etapa de instrucción de la causa" y que por eso le pedía "la posibilidad de brindar [la] asistencia de un contador".
Precisiones Tras reiterar que acatará la orden, Blanco marcó, sin embargo, una línea precisa. Pidió que le precisaran "por escrito" si debe "abandonar todo tipo de colaboración, como la que venía desarrollando hasta aproximadamente el mes de diciembre", cuando sin que mediara una notificación, "no se [le] dio nueva intervención".
Los expedientes que abordó incluyen nombres llamativos:
- Presunto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, y su grupo familiar, entre 2004 y 2007.
- "La posible vinculación de Florencio Randazzo, actual ministro del [Interior] de la Nación, con la compra de una estancia en la localidad de Vedia por un importe aproximado de US$ 12 millones."
- Presunto enriquecimiento ilícito del ministro Julio De Vido; su mujer, Alessandra Minnicelli, y su familia.
- Presunto enriquecimiento ilícito del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, "y su grupo familiar".
- "Posible cobro de sobornos por parte de diversos funcionarios vinculados a la causa conocida como Skanska".
- "El posible aporte de dinero, en forma fraudulenta, que habrían realizado diversas empresas y personas para financiar la campaña política del Frente para la Victoria" en las elecciones presidenciales de 2007.
- "La posible comisión de algún ilícito relacionado con operaciones celebradas entre la Secretaría de Transporte y la firma Transporte Automotor Plaza". Es decir, Ricardo Jaime y Claudio y Mario Cirigliano.
- "La posible comisión de algún hecho ilícito en el refinanciamiento de una deuda con el Estado y el otorgamiento de beneficios impositivos a la sociedad Alcalis de la Patagonia", que pertenece al zar del juego, Cristóbal López.
UN CASO POLEMICO
- Investigaciones. El auditor contable que alertó sobre más de 25 inconsistencias y contradicciones por $ 24,7 millones en el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner.
- Justificativos. El procurador General de la Nación, Esteban Righi, negó cualquier segunda lectura sobre el traslado de Blanco.
- Acatamiento. Blanco Alvarez remarcó que acatará la orden, aunque le imponen "sin consulta previa".
- Especialización. El auditor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas deberá abandonar las pesquisas sobre "corrupción política" para las que se capacitó.
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