Federico Quevedo vuelve a dar en el clavo en el caso del atropello fascistoide sufrido por Jose Joaquin Ripoll

¿Estado de Derecho? No, esto es un estado policial

Seguramente muchos de ustedes, la mayoría, tendrán cierta memoria de cómo era la vida, nuestra vida, durante el franquismo. Aquel régimen era una dictadura en la que no existían libertades políticas, y todo aquel que se mostraba contrario al régimen acababa en la cárcel, y los medios de comunicación discrepantes eran silenciados. No existía, por tanto, ni libertad de expresión ni libertad de elección, básicas ambas para poder construir una democracia, y por el contrario lo que sí existía era represión contra los sectores críticos con la dictadura. Eso era así y, sin embargo, la inmensa mayoría de la gente, que no se metía en política ni formaba parte de ningún tipo de oposición mediática al dictador, vivía bastante tranquila: España era una economía en desarrollo, había nacido una clase media importante, se encontraba trabajo y el ciudadano normal que, como digo, estaba alejado de los movimientos de oposición, tenía a su disposición un nivel de vida aceptable, viajes al extranjero incluidos. Era la España que descubría el mundo a través de las largas melenas rubias de aquellas imponentes suecas que venían a disfrutar del sol de nuestras playas, objeto de deseo y sueño erótico del macho ibérico… Era la España en la que se fue Eva María en busca de un rayo de sol mientras algún enamorado escribía su nombre en la arena y de fondo Jeanette cantaba Porqué te vas.

Incluso en las peores circunstancias, bajo las más férreas dictaduras, la ciudadanía busca siempre válvulas de escape, intenta mirar para otro lado y huir de aquello que no le gusta mediante la evasión. Esta España de 2010, más de treinta años después, se empieza a parecer mucho a aquella otra España del tardofranquismo. Una España en la que la gente mira para otro lado, huye de la realidad mientras el Gobierno que preside Rodríguez practica la represión política y convierte el Estado de Derecho en un estado policial. La persecución de la oposición política, el intento de silenciar a los medios discrepantes, empieza a ser una constante en un sistema que ha dejado de ser eso, un sistema democrático, para empezar a convertirse en un régimen, en un modelo caudillista de la peor factura, al más puro estilo del chavismo venezolano.

Algunos venimos advirtiéndolo hace tiempo, pero es ahora cuando el Gobierno, asfixiado por su propia incompetencia, echa mano de sus peores artes para intentar por la vía del comportamiento antidemocrático lo que no puede conseguir por la vía del comportamiento democrático. La utilización de las instituciones en beneficio del interés particular, el debilitamiento de la Justicia y su sustitución por otro tipo de autoridades administrativas a las que en ningún caso la Constitución reconoce ese papel, se ha convertido en la tónica habitual para poder ejercer la presión sobre todos aquellos que discrepan del Pensamiento Único.

La detención de Ripoll

Es este un estado policial a cuyo mando se encuentra quien, probablemente, sea la mente más perversa de cuantas han pululado por la política española: Alfredo Pérez Rubalcaba, el hombre que siempre aparece cuando de las cloacas del Estado fluye la mierda para extenderla por doquier. Lo que está ocurriendo en las últimas horas, como anticipo del Debate del Estado de la Nación, no tiene nombre, ni desperdicio, y debería ser objeto de una acción fulminante de la Fiscalía pero, claro, la Fiscalía también depende del Gobierno. Miren, la denuncia del modo en que ha actuado la Policía en Alicante a la orden de Rubalcaba no justificaría, en ningún caso, el hecho de que las personas implicadas en este asunto hayan podido cometer delitos sancionables por la Justicia, pero debe ser ella, la Justicia, la que establezca si esos delitos existen y cuál es la condena por ellos. Ese papel no le corresponde a la Policía que, sin embargo, ha actuado como juez y como parte. El señor Ripoll, bien lo saben ustedes, y si no se lo digo, no es santo de mi devoción y desde luego esta denuncia que hago poco o nada tiene que ver con su persona, sino con el hecho de que como demócrata me resisto a contemplar impasible la degradación de un país, de mi país, en manos de una pandilla de sectarios aprendices del peor de los fascismos.

Les contaré algo que ustedes no saben, para que vean cómo se las gastan y cómo me asiste la razón en lo que digo. El pasado 8 de junio, coincidiendo con la huelga de funcionarios, la Policía se personó en el despacho del Juez Pedreira, que instruye el Caso Gürtell en Madrid, para solicitarle una orden de detención sobre varios cargos del PP madrileño, entre ellos el actual alcalde de Boadilla del Monte. El magistrado, sin embargo, se negó a hacerlo, primero porque la solicitud no venía de la Fiscalía como debía y, segundo, porque no estaba lo suficientemente fundamentada. La intención de Interior era buscar un titular al día siguiente que ‘tapara’ la huelga, pero esta vez no lo consiguió, aunque fue ‘filtrando’ convenientemente al diario El País el contenido del informe que había servido de base para la solicitud realizada ante Pedreira.

Lo que ha ocurrido en Alicante es aún más grave, porque se ha vulnerado el Estado de Derecho de modo flagrante y se han violado los derechos constitucionales de ciudadanos libres de este país, aunque sean políticos, y ese es el síntoma más grave que pueda imaginarse de la degradación y la descomposición del sistema que nos dimos en 1978. Aunque la gente siga disfrutando del fútbol y bañándose en la playa mientras suenan de fondo los acordes del último éxito de Shakira.
(articulo de Federico Quevedo, periodista )