Han sido casi 10 largos de año de pleitos y ardua lucha judicial, pero vistos los resultados para el interesado y por extensión, para todos los españoles, parece que ha merecido la pena.
El protagonista de la historia es Luis M.M, trabajador bancario, que fue herido en un atraco acaecido el 17 de julio del 2002. El atracador era un preso fugado con permiso penitenciario concedido por un juez de vigilancia penitenciaria; Luis M.M. tuvo que permanecer hospitalizado durante tres meses, y lo mas terrible, sufrió y sufre secuelas que le provocaron una incapacidad permanente absoluta. Una vida truncada por una tragedia causada por un preso que se fugo merced a un permiso penienciario concedido con todas las bendiciones del estado. El atracador, Juan José P.L. preso fugado por delitos mayores, fue declarado culpable de un delito de robo con violencia e intimidación y de un delito de lesiones, entre otros, y le obligó a indemnizar a la víctima con 437.440 euros junto con otros dos acusados. Sin embargo, el ya ex-trabajador bancario presentó una solicitud de indemnización ante el Ministerio de Justicia, que la desestimó y asi comenzo el calvario judicial de Luis M.M., casi diez largos años de setencias judiciales positivas a su favor y posteriores recursos del estado, que han desembocado en esta ultima sentencia del tribunal supremo en la que, expresamente se declara que es "obligación de la sociedad" asumir los "daños derivados de los permisos penitenciarios", por lo que ha mantenido que la Administración deberá pagar la cantidad de 250.000 euros a la víctima del atraco, Luis M.M, debido a los daños y perjuicios sufridos.
El abogado del Estado interpuso un recurso ante el Supremo al considerar que no existe relación entre una "posible negligencia del juez de vigilancia penitenciaria" y la Administración pública y que los riesgos que entraña la concesión de permisos penitenciarios no los debe "asumir" la sociedad.
Los magistrados del alto tribunal, sin embargo, afirman que el hecho de que el permiso se lo concediese un juez no supone la "desaparición" de esta relación y añaden que la responsabilidad no debe recaer en un solo ciudadano, sino que tiene que ser compartida por todos.
Asi pues, y con esta sentencia del supremo, que recordemos, sienta jurisprudencia efectiva automaticamente para posteriores sentencias en otros casos similares, queda establecido que habrá responsabilidades exigibles al estado en los casos en los que un preso fugado mediante permisos penitenciarios cause cualquier tipo de daño a cualquier persona o ente.
Una sentencia pionera en nuestro pais y que protege de la indefensión a todos los ciudadanos frente a un estado irresponsable que conceda permisos penitenciarios a criminales. Hoy, la tragedia que vivió y que todavia soporta Luis M.M. es mas soportable, y hoy los ciudadanos comunes sin duda estamos algo menos inseguros, al saber que el estado al menos no podra irse de rositas cuando conceda alegre e irresponsablemente, permisos penitenciarios a criminales.
(noticia publicada originalemente por este blogger en GLOBEDIA)
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