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Según se indica, las compañías cinematográficas estadounidenses habían monitoreado durante 59 semanas a los clientes del ISP australiano iiNet, recabando pruebas que probarían que algunos de los clientes la empresa descargaban material ilegal. Sin embargo, aunque iiNet admitió la validez de la evidencia, la compañia proveedora se negó a respaldar un requerimiento de Hollywood de intimidar y expulsar a los supuestos infractores y oficiar de testigo en eventuales acciones judiciales en contra de éstos. Al respecto, iiNet recalcó que se trataba de "sospechas de la industria discográfica", y no de un "fallo judicial pronunciado por un tribunal australiano". En consecuencia, la empresa se negó a enviar cartas de advertencia a sus clientes o revocar sus contratos de conexión a Internet.
La industria discográfica de Hollywood interpretó tal negativa como "complicidad", por lo que demandó a iiNet ante un tribunal australiano. Sin embargo, el juez titular de la causa rechazó el requerimiento de Hollywood, respaldando la interpretación hecha por iiNet.
Según medios australianos, el juez habría dicho que "no hay disposición jurídica alguna que obligue a una de las partes de un contrato a impedir que otra de las partes infrinja derechos de propiedad intelectual de terceros".
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