| La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales sólo destinó a su principal fin un 10% de la asignación de dos años |
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En 2007 recibió 27 millones de euros y en 2008 26,6 millones Pese a ello, la previsión de ingresos para el 2009 aumentará un 63% |
¿Sabían ustedes que existe una Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL)? Pues sí, y fue constituida el 27 de julio de 1999 por los representantes legales de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las organizaciones empresariales y sindicales. Ahí es nada. La Disposición Adicional Quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales viene a ordenar la creación de una Fundación, bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales –hoy, Ministerio de Trabajo e Inmigración-, con participación tanto de las Administraciones Públicas, como de las Organizaciones representativas de Empresarios y Trabajadores, cuyo fin primordial sea la promoción, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
A nuestras manos ha llegado el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la Gestión de la mencionada Fundación. Pues ya tiene trabajo extra -una ironía en los tiempos que corren-, el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, si nos atenemos a las conclusiones del TC. Para empezar, decir que en el periodo fiscalizado, la FPRL recibió un total de 97,6 millones de euros distribuidos de la siguiente manera: en 2007, 27.064.977,80 euros; en el 2008, otros 26.667.946,25 euros y, por último, la previsión para 2009 es de, ni más ni menos, de 44.000.000 euros, un 65% más
Para empezar, decir que en el periodo fiscalizado, la FPRL recibió un total de 97,6 millones de euros distribuidos de la siguiente manera: en 2007, 27.064.977,80 euros; en el 2008, otros 26.667.946,25 euros y, por último, la previsión para 2009 es de, ni más ni menos, de 44.000.000 euros, un 65% más. Una financiación realizada mediante aportaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración procedentes del Fondo de Prevención y Rehabilitación y cuyo destino está reservado por la Ley a los fines generales de prevención y rehabilitación. En los ejercicios 2007 y 2008, la FPRL sólo destinó a su principal fin -la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el Trabajo-, un 10,38% y un 9,34% en relación al importe total destinado por el sector público estatal en dichos ejercicios.
ES DECIR, EN TOTAL DESDE 2007 HASTA AHORA (SIN CONTAR EL 2010) SE ESTA PAGANDO CON DINERO PUBLICO, CONCRETAMENTE CON 97.732.924,05 € A UNA INSTITUCION CONTROLADA POR LOS SINDICATOS CUYAS SUPUESTAS ACTIVIDADES EN PRO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NO QUEDAN JUSTIFICADOS NUNCA.
Mucho dinero para escasos resultados, según constatarán tras leer las conclusiones del Tribunal de Cuentas. Las entidades participantes son el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores, la Confederación Intersindical Gallega, Euskal Sindikatua, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa.
Y he aquí sólo algunas de las demoledoras conclusiones del Tribunal de Cuentas:
- Desde el año 2003, la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales no ha mantenido una adecuada coordinación y colaboración con la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Desde la creación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales hasta la Convocatoria de 2007, fueron ejecutadas cuatro acciones directas propuestas por la Comisión Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo (ejercicios 2000, 2002 y 2007), cuyos importes representaron el 2,7% del importe total de acciones directas financiadas por esta Fundación en el período 2000-2007, lo que pone de manifiesto la débil iniciativa de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en las tareas que realizó la Fundación.
- Los artículos 14 y 21 del Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo establecen que el Pleno debe reunirse, con carácter ordinario, al menos una vez al semestre, y que la Comisión Permanente debe reunirse, como mínimo, con carácter trimestral; sin embargo, este Tribunal de Cuentas ha verificado que la Comisión Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo celebró una sesión plenaria ordinaria en cada uno de los ejercicios 2007 y 2008, de igual forma que su Comisión Permanente, también se reunió una sola vez en cada uno de dichos ejercicios.
El Tribunal de Cuentas es lento pero seguro. Lástima que no tenga capacidad sancionadora o poder suficiente para exigir a los poderes competentes la estricta aplicación de la Ley, La semana pasada les anticipamos sólo parte de las Conclusiones del Informe de Fiscalización que el TC elaboró sobre la Gestión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Podemos ya saber que la FPRL sólo destinó a su principal fin un 10% de la asignación de dos años: en 2007 recibió 27 millones de euros y en 2008 26,6 millones. Pese a ello, la previsión de ingresos para el 2009 aumentó un 63%. Además, según la Ley, el Pleno debe reunirse, con carácter ordinario, al menos una vez al semestre; la Comisión Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo celebró una sesión plenaria ordinaria en cada uno de los ejercicios 2007 y 2008. Todo un ejemplo de gestión.
Como ya sabrán, en la mencionada Fundación, entre otras instituciones, se encuentran representados los dos principales sindicatos de nuestro país, la CC.OO de Ignacio Fernández Toxo y la UGT de Cándido Méndez. Y de qué manera como podrán comprobar. El TC se detiene especialmente en el procedimiento de asignación de recursos y ejecución de las acciones en sus tres modalidades: directas, indirectas territoriales e indirectas sectoriales. Pero son las primeras las que más llaman la atención. Son financiadas por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y son las generadas directamente en su Patronato, por propia iniciativa, o a solicitud de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin publicidad en el BOE
Y las principales deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas se refieren a las presentadas por las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores-Confederal, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), -el cual es una Fundación autónoma de carácter técnico-sindical promovida por Comisiones Obreras-, y la Confederación Intersindical Galega, en la Convocatoria de asignación de recursos correspondientes al ejercicio 2006. Y el TC comienza asegurando que ésta “no recogió ninguna disposición relativa a la regulación, aceptación, desarrollo y ejecución de las acciones directas y tampoco formaron parte de la Convocatoria de asignación de recursos publicada en el Boletín Oficial del Estado por la Fundación, en la que sí figuraban los importes aprobados por el Patronato de la Fundación para el desarrollo del resto de acciones, vulnerándose, en relación con las acciones directas, los principios de publicidad y transparencia que son de aplicación a estas ayudas”.
Curiosamente, con fecha 18 de julio de 2009, se publicó en el BOE el anuncio
de la convocatoria de asignación de recursos para acciones directas correspondientes al ejercicio 2009, garantizándose, a partir de esta convocatoria, el principio de publicidad recogido en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que resulta de aplicación a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Vulneración de los principios de casi todos los principios
Según la legislación vigente, el procedimiento de asignación de las acciones directas sólo permite la presentación de solicitudes para la realización de acciones a los miembros del Patronato y a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pues bien, esta situación, siempre el Informe de Fiscalización, provocó un incumplimiento, por parte de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, “de los principios de concurrencia (al no permitirse el concurso de otros ejecutantes), transparencia (al no acreditarse de forma fehaciente su forma de concesión o adjudicación), objetividad (al no procederse a valorar las acciones de acuerdo con unos criterios homogéneos, objetivos y ponderados), e igualdad y no discriminación (al no tenerla misma oportunidad el resto de organizaciones sindicales o empresariales que no pertenecían al Patronato u otros posibles ejecutantes capacitados para su ejecución)”. ¿Tendrá que decir algo al respecto Bibiana Aido?
Los sindicatos, juez y parte
Los ejecutantes de estas acciones directas fueron, única y exclusivamente en la Convocatoria de asignación de recursos del año 2006, y con carácter general en el resto de Convocatorias, entidades que pertenecían al Patronato de laFundación para la Prevención de Riesgos Laborales (Unión General de Trabajadores-
Confederal, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud -ISTAS-, y la Confederación Intersindical Galega)… Desde la primera Convocatoria de asignación
de recursos aprobada por la FPRL en el año 2000 hasta la Convocatoria del año 2007, las mismas organizaciones sindicales también ostentaron la condición de solicitantes y ejecutantes de estas acciones.
UGT y CC.OO., un 44% cada uno
El relato del TC no tiene desperdicio. Así, en ese mismo periodo, las mencionadas organizaciones sindicales solicitaron y ejecutaron un porcentaje del 90,2% del importe total de las acciones directas aprobadas por el Patronato de la Fundación para este tipo de acciones. El 9,8% restante fue ejecutado por empresas privadas, a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.El Tribunal verificó, además, que la Unión General de Trabajadores-Confederal ejecutó, en el periodo 2000-2007, un porcentaje del 44,3% del importe total de las acciones directas aprobadas, curiosamente casi la misma cantidad que el ISTAS en el mismo periodo, un 44,1%. A la vista de estos datos, el Tribunal de Cuentas estima que “la existencia de porcentajes casi idénticos en la ejecución de acciones directas entre las organizaciones sindicales, reiterados a lo largo de las diferentes Convocatorias de asignación de recursos, denota la existencia de un posible reparto previo, no previsto legalmente, del importe de la dotación inicial aprobada por el Patronato, con independencia del contenido de las acciones y del resultado de las mismas, que puede afectar al grado de eficacia y economía con que se desarrollan las acciones”.
Méndez y Toxo, juez y parte
Y por último, y por no abrumarles, dos perlas finales del TC:“Este hecho provoca una clara distorsión del procedimiento de asignación de recursos, al convertirse estas organizaciones en “juez y parte” de dicho proceso, lo que resulta contrario a los principios de buena gestión financiera que deben regir todo procedimiento de concesión de ayudas públicas”
Las acciones directas ejecutadas por UGT y CC.OO., presentaban un contenido similar. La aprobación en sucesivas convocatorias de las mismas acciones directas no fue unida a la realización, por parte de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, de una evaluación o seguimiento de los resultados obtenidos en la ejecución de cada acción que justificaran su reiterada financiación… Existe un elevado riesgo de que la citada Fundación esté incumpliendo los principios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de estos fondos públicos”.
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