El Gobierno dio este viernes el primer paso para resolver la parálisis en la renovación de la cúpula de RTVE, empezando por el nombramiento de un nuevo presidente -un puesto vacante desde el pasado verano-, pero hizo algo más: enseñar la puerta de salida del Consejo de Administración del ente público a Comisiones Obreras y UGT.
La decisión del Ejecutivo de reducir de 12 a 9 el número de miembros de su Consejo, en consonancia con otras similares adoptadas en otros organismos públicos, llevará aparejada casi con total seguridad, y según fuentes consultadas por este periódico, la desaparición de los dos sindicatos mayoritarios del mismo. Su presencia salía a más de 200.000 euros al año, más de 100.000 por cada uno de los dos consejeros en concepto de retribuciones (aunque el de CCOO, Héctor Maravall dimitió en septiembre del año pasado sin ser reemplazado).
Estando en la oposición, el Partido Popular se quejó en repetidas ocasiones de que hubiera representación sindical en el órgano de gestión de la radiotelevisión pública, algo que no ocurre en casi ningún otro país europeo. Fue José Luis Rodríguez Zapatero quien decidió concederles ese privilegio en 2006, a través de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal.
"Dos de los miembros del Consejo a elegir por el Congreso, lo serán a propuesta de los dos sindicatos más representativos a nivel estatal con implantación en la Corporación", establece esa normativa. Precisamente la misma ley a la que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha acogido ahora, a través de su disposición transitoria cuarta, para poder designar al presidente y los consejeros por mayoría absoluta del Congreso en el caso de que no se llegue a una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras y hayan transcurrido dos meses desde la primera votación. Con lo que bastarían los 184 diputados del PP.
Aunque el Ejecutivo aún no ha determinado cómo quedará compuesto el Consejo, es de prever que el número de miembros a propuesta del PP sea de cinco, para estar en mayoría. El resto se repartirá entre las formaciones con mayor representación parlamentaria, tanto en el Congreso como en el Senado. Ello garantiza la presencia del PSOE y CiU, al menos.
Ser consejero de RTVE era hasta ahora una auténtico chollo, y de hecho había tortas para hacerse con tan codiciado puesto. No en vano, cada uno de los miembros del órgano de gestión de la cadena pública ganó en 2011, y según datos a los que tuvo acceso este periódico, 7.945,72 euros mensuales, más una paga extra en diciembre de la misma cantidad. Lo que asciende a 103.285 euros. Sin embargo, el Gobierno ha decidido que los nuevos consejeros no tengan dedicación exclusiva y cobren exclusivamente una dieta por asistir a cada reunión, salvo el presidente. Exactamente el mismo sistema que está implantado en la agencia estatal Efe.
Aunque en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros Soraya Sáenz de Santamaría prefirió no dar plazos, una vez abierto el melón de los cambios en las altas esferas de la radiotelevisión pública es previsible que estos se precipiten en las próximas fechas. Al menos el nombre del futuro presidente, para el que no han dejado de surgir candidatos en los últimos meses.
El PSOE recibió la noticia del real decreto ley como un "golpe de mano del Gobierno" para cargarse "el consenso y la pluralidad" de RTVE, en palabras de la número dos de los socialistas, Elena Valenciano. Sin embargo, la vicepresidenta remachó que el Ejecutivo "trabajará por el acuerdo" con el principal partido de la oposición", pero que ésta es una forma de garantizar que la renovación no se demorará "sine die" en caso de que Alfredo Pérez Rubalcaba se niegue a dar su visto bueno al candidato de Mariano Rajoy.
La decisión del Ejecutivo de reducir de 12 a 9 el número de miembros de su Consejo, en consonancia con otras similares adoptadas en otros organismos públicos, llevará aparejada casi con total seguridad, y según fuentes consultadas por este periódico, la desaparición de los dos sindicatos mayoritarios del mismo. Su presencia salía a más de 200.000 euros al año, más de 100.000 por cada uno de los dos consejeros en concepto de retribuciones (aunque el de CCOO, Héctor Maravall dimitió en septiembre del año pasado sin ser reemplazado).
Estando en la oposición, el Partido Popular se quejó en repetidas ocasiones de que hubiera representación sindical en el órgano de gestión de la radiotelevisión pública, algo que no ocurre en casi ningún otro país europeo. Fue José Luis Rodríguez Zapatero quien decidió concederles ese privilegio en 2006, a través de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal.
"Dos de los miembros del Consejo a elegir por el Congreso, lo serán a propuesta de los dos sindicatos más representativos a nivel estatal con implantación en la Corporación", establece esa normativa. Precisamente la misma ley a la que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha acogido ahora, a través de su disposición transitoria cuarta, para poder designar al presidente y los consejeros por mayoría absoluta del Congreso en el caso de que no se llegue a una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras y hayan transcurrido dos meses desde la primera votación. Con lo que bastarían los 184 diputados del PP.
Aunque el Ejecutivo aún no ha determinado cómo quedará compuesto el Consejo, es de prever que el número de miembros a propuesta del PP sea de cinco, para estar en mayoría. El resto se repartirá entre las formaciones con mayor representación parlamentaria, tanto en el Congreso como en el Senado. Ello garantiza la presencia del PSOE y CiU, al menos.
Ser consejero de RTVE era hasta ahora una auténtico chollo, y de hecho había tortas para hacerse con tan codiciado puesto. No en vano, cada uno de los miembros del órgano de gestión de la cadena pública ganó en 2011, y según datos a los que tuvo acceso este periódico, 7.945,72 euros mensuales, más una paga extra en diciembre de la misma cantidad. Lo que asciende a 103.285 euros. Sin embargo, el Gobierno ha decidido que los nuevos consejeros no tengan dedicación exclusiva y cobren exclusivamente una dieta por asistir a cada reunión, salvo el presidente. Exactamente el mismo sistema que está implantado en la agencia estatal Efe.
Aunque en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros Soraya Sáenz de Santamaría prefirió no dar plazos, una vez abierto el melón de los cambios en las altas esferas de la radiotelevisión pública es previsible que estos se precipiten en las próximas fechas. Al menos el nombre del futuro presidente, para el que no han dejado de surgir candidatos en los últimos meses.
El PSOE recibió la noticia del real decreto ley como un "golpe de mano del Gobierno" para cargarse "el consenso y la pluralidad" de RTVE, en palabras de la número dos de los socialistas, Elena Valenciano. Sin embargo, la vicepresidenta remachó que el Ejecutivo "trabajará por el acuerdo" con el principal partido de la oposición", pero que ésta es una forma de garantizar que la renovación no se demorará "sine die" en caso de que Alfredo Pérez Rubalcaba se niegue a dar su visto bueno al candidato de Mariano Rajoy.
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