El juez vuelve a desautorizar a la fiscalia y deja a Ripoll en libertad sin ninguna clase de fianza o restricción, tras declarar Ripoll por su propia voluntad

ORIHUELA (ALICANTE)

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, pretendía que el juez del «caso Brugal» impusiese al presidente del PP de Alicante y de la Diputación alicantina, José Joaquín Ripoll, una medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros. El juez, muy lejos del criterio del Ministerio Público, se limitó a dejar al dirigente popular en libertad provisional aunque imputado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y prevaricación.

Pese a que el titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela criticó el miércoles la ausencia de una notificación oficial por parte de la Policía sobre el paso a disposición judicial de los arrestados que fueron citados mediante una cédula policial y no mediante citacion judicial reglada, ayer tomó las riendas de los interrogatorios en los juzgados oriolanos. Por el tribunal pasaron cinco empresarios y el presidente de la Diputación de Alicante, que fue el último en declarar.

En todos los casos, Briones —que siguió una línea de interrogatorio particularmente agresiva, según fuentes próximas— solicitó como medida cautelar para los imputados la prisión eludible bajo fianza. Las cantidades, según los casos, oscilaron entre los 50.000 euros para un empresario de Valencia y los 800.000 que pidió para el constructor alicantino Enrique Ortiz, a quien se adjudicó la contrata del plan de residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja. Para Ripoll pedía medio millón de euros.



Todos los detenidos salieron imputados del juzgado número 3, pero sólo en un caso se adoptaron medidas cautelares. El resto, según explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), quedaron en situación de libertad provisional. El juez sólo admitió la propuesta del fiscal Briones de imponer una fianza de 100.000 euros al empresario Rafael Gregory —vinculado a Ortiz, y que ya fue detenido hace unas semanas por otro asunto, acusado de una presunta estafa—. Al imputado se le ha concedido un plazo para que pueda reunir dicha cantidad.

El titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela se desmarcaba así, excepto en un caso, de la investigación del fiscal Anticorrupción —que consideraba los hechos de que se acusa a los imputados de una gravedad suficiente para exigir la prisión eludible bajo fianza—, tras reprochar a la Policía haber llevado a cabo los arrestos del pasado martes sin su orden. De hecho, en el comunicado emitido por el TSJCV se destacaba que los ahora imputados habían acudido a prestar declaración «de forma voluntaria» —dado que el juez que instruye el sumario insistió el miércoles en que no había emitido una citación judicial—.

Ripoll, que fue el último en declarar, llegó sobre las 13.55 a los juzgados, a pie y acompañado por sus abogados. El dirigente popular evitó hacer declaraciones y entró rápidamente en el juzgado. No obstante, tuvo que abandonarlo una media hora después, dado que el retraso en las declaraciones obligó al juez a aplazar los interrogatorios del presidente de la Diputación y del constructor Enrique Ortiz, que le precedió.
A las 16 horas se reanudaban las comparecencias. Para entonces ya había trascendido que el juez había impuesto una fianza de 100.000 euros al empresario Rafael Gregori, pero también que había dejado en libertad provisional sin fianza al resto de imputados. Pese a las importantes cantidades económicas solicitadas por el fiscal para eludir la prisión, el magistrado mostró un criterio totalmente opuesto, y también dejó en libertad provisional a Ortiz a las dos horas de arrancar su declaración.

El empresario alicantino, adjudicatario a través de una UTE del plan de residuos investigado desde 2007 por el juzgado de Orihuela y la Fiscalía Anticorrupción, expresó al término de su declaración su satisfacción por la ausencia de medidas cautelares. Ortiz, «contento», reiteró su confianza en los jueces y la Policía, después de que el magistrado rechazase «de plano» —según su abogado— la petición de fianza. No obstante, el empresario está imputado por cohecho y fraude.

Al filo de las 20 horas abandonaba los juzgados el presidente del PP de Alicante. Ripoll, protegido por un cordón policial que impidió acercarse a los periodistas, salió con semblante serio y eludió ofrecer detalles sobre su declaración. Para ello, se remitió a una rueda de prensa posterior en la que no admitió preguntas y se limitó a explicar que había declarado «voluntariamente», y que una vez que se levante el secreto de sumario ejercerá «las acciones legales que correspondan en mi defensa».

El secretario general del PSOE valenciano, Jorge Alarte, pretendía replicar con su propia comparecencia en la Diputación. No obstante, el PP le prohibió hacerlo, al no ser diputado provincial.

Rajoy pide explicaciones

Mientras, a lo largo del día se habían sucedido las reacciones, especialmente en el lado popular, después de que el juez del «caso Brugal» se encargara la víspera de dejar bien claro que no tenía nada que ver con las detenciones. El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, pidió explicaciones al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el «espectáculo muy poco edificante» que se produjo en Alicante con la detención de Ripoll.
Rajoy, visiblemente molesto, recordó que «no es la primera vez» que sucede algo similar. «Aquí se ha detenido a gente, se le ha metido en el calabozo, se le ha dejado después en libertad y, años después, o se han archivado las causas o seguimos sin saber». Mientras, desde el PP valenciano llegaron más allá, y exigieron la dimisión de Rubalcaba.