El juez vuelve a desautorizar a la fiscalia y deja a Ripoll en libertad sin ninguna clase de fianza o restricción, tras declarar Ripoll por su propia voluntad

ORIHUELA (ALICANTE)

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, pretendía que el juez del «caso Brugal» impusiese al presidente del PP de Alicante y de la Diputación alicantina, José Joaquín Ripoll, una medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros. El juez, muy lejos del criterio del Ministerio Público, se limitó a dejar al dirigente popular en libertad provisional aunque imputado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y prevaricación.

Pese a que el titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela criticó el miércoles la ausencia de una notificación oficial por parte de la Policía sobre el paso a disposición judicial de los arrestados que fueron citados mediante una cédula policial y no mediante citacion judicial reglada, ayer tomó las riendas de los interrogatorios en los juzgados oriolanos. Por el tribunal pasaron cinco empresarios y el presidente de la Diputación de Alicante, que fue el último en declarar.

En todos los casos, Briones —que siguió una línea de interrogatorio particularmente agresiva, según fuentes próximas— solicitó como medida cautelar para los imputados la prisión eludible bajo fianza. Las cantidades, según los casos, oscilaron entre los 50.000 euros para un empresario de Valencia y los 800.000 que pidió para el constructor alicantino Enrique Ortiz, a quien se adjudicó la contrata del plan de residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja. Para Ripoll pedía medio millón de euros.



Todos los detenidos salieron imputados del juzgado número 3, pero sólo en un caso se adoptaron medidas cautelares. El resto, según explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), quedaron en situación de libertad provisional. El juez sólo admitió la propuesta del fiscal Briones de imponer una fianza de 100.000 euros al empresario Rafael Gregory —vinculado a Ortiz, y que ya fue detenido hace unas semanas por otro asunto, acusado de una presunta estafa—. Al imputado se le ha concedido un plazo para que pueda reunir dicha cantidad.

El titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela se desmarcaba así, excepto en un caso, de la investigación del fiscal Anticorrupción —que consideraba los hechos de que se acusa a los imputados de una gravedad suficiente para exigir la prisión eludible bajo fianza—, tras reprochar a la Policía haber llevado a cabo los arrestos del pasado martes sin su orden. De hecho, en el comunicado emitido por el TSJCV se destacaba que los ahora imputados habían acudido a prestar declaración «de forma voluntaria» —dado que el juez que instruye el sumario insistió el miércoles en que no había emitido una citación judicial—.

Ripoll, que fue el último en declarar, llegó sobre las 13.55 a los juzgados, a pie y acompañado por sus abogados. El dirigente popular evitó hacer declaraciones y entró rápidamente en el juzgado. No obstante, tuvo que abandonarlo una media hora después, dado que el retraso en las declaraciones obligó al juez a aplazar los interrogatorios del presidente de la Diputación y del constructor Enrique Ortiz, que le precedió.
A las 16 horas se reanudaban las comparecencias. Para entonces ya había trascendido que el juez había impuesto una fianza de 100.000 euros al empresario Rafael Gregori, pero también que había dejado en libertad provisional sin fianza al resto de imputados. Pese a las importantes cantidades económicas solicitadas por el fiscal para eludir la prisión, el magistrado mostró un criterio totalmente opuesto, y también dejó en libertad provisional a Ortiz a las dos horas de arrancar su declaración.

El empresario alicantino, adjudicatario a través de una UTE del plan de residuos investigado desde 2007 por el juzgado de Orihuela y la Fiscalía Anticorrupción, expresó al término de su declaración su satisfacción por la ausencia de medidas cautelares. Ortiz, «contento», reiteró su confianza en los jueces y la Policía, después de que el magistrado rechazase «de plano» —según su abogado— la petición de fianza. No obstante, el empresario está imputado por cohecho y fraude.

Al filo de las 20 horas abandonaba los juzgados el presidente del PP de Alicante. Ripoll, protegido por un cordón policial que impidió acercarse a los periodistas, salió con semblante serio y eludió ofrecer detalles sobre su declaración. Para ello, se remitió a una rueda de prensa posterior en la que no admitió preguntas y se limitó a explicar que había declarado «voluntariamente», y que una vez que se levante el secreto de sumario ejercerá «las acciones legales que correspondan en mi defensa».

El secretario general del PSOE valenciano, Jorge Alarte, pretendía replicar con su propia comparecencia en la Diputación. No obstante, el PP le prohibió hacerlo, al no ser diputado provincial.

Rajoy pide explicaciones

Mientras, a lo largo del día se habían sucedido las reacciones, especialmente en el lado popular, después de que el juez del «caso Brugal» se encargara la víspera de dejar bien claro que no tenía nada que ver con las detenciones. El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, pidió explicaciones al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el «espectáculo muy poco edificante» que se produjo en Alicante con la detención de Ripoll.
Rajoy, visiblemente molesto, recordó que «no es la primera vez» que sucede algo similar. «Aquí se ha detenido a gente, se le ha metido en el calabozo, se le ha dejado después en libertad y, años después, o se han archivado las causas o seguimos sin saber». Mientras, desde el PP valenciano llegaron más allá, y exigieron la dimisión de Rubalcaba.

Federico Quevedo vuelve a dar en el clavo en el caso del atropello fascistoide sufrido por Jose Joaquin Ripoll

¿Estado de Derecho? No, esto es un estado policial

Seguramente muchos de ustedes, la mayoría, tendrán cierta memoria de cómo era la vida, nuestra vida, durante el franquismo. Aquel régimen era una dictadura en la que no existían libertades políticas, y todo aquel que se mostraba contrario al régimen acababa en la cárcel, y los medios de comunicación discrepantes eran silenciados. No existía, por tanto, ni libertad de expresión ni libertad de elección, básicas ambas para poder construir una democracia, y por el contrario lo que sí existía era represión contra los sectores críticos con la dictadura. Eso era así y, sin embargo, la inmensa mayoría de la gente, que no se metía en política ni formaba parte de ningún tipo de oposición mediática al dictador, vivía bastante tranquila: España era una economía en desarrollo, había nacido una clase media importante, se encontraba trabajo y el ciudadano normal que, como digo, estaba alejado de los movimientos de oposición, tenía a su disposición un nivel de vida aceptable, viajes al extranjero incluidos. Era la España que descubría el mundo a través de las largas melenas rubias de aquellas imponentes suecas que venían a disfrutar del sol de nuestras playas, objeto de deseo y sueño erótico del macho ibérico… Era la España en la que se fue Eva María en busca de un rayo de sol mientras algún enamorado escribía su nombre en la arena y de fondo Jeanette cantaba Porqué te vas.

Incluso en las peores circunstancias, bajo las más férreas dictaduras, la ciudadanía busca siempre válvulas de escape, intenta mirar para otro lado y huir de aquello que no le gusta mediante la evasión. Esta España de 2010, más de treinta años después, se empieza a parecer mucho a aquella otra España del tardofranquismo. Una España en la que la gente mira para otro lado, huye de la realidad mientras el Gobierno que preside Rodríguez practica la represión política y convierte el Estado de Derecho en un estado policial. La persecución de la oposición política, el intento de silenciar a los medios discrepantes, empieza a ser una constante en un sistema que ha dejado de ser eso, un sistema democrático, para empezar a convertirse en un régimen, en un modelo caudillista de la peor factura, al más puro estilo del chavismo venezolano.

Algunos venimos advirtiéndolo hace tiempo, pero es ahora cuando el Gobierno, asfixiado por su propia incompetencia, echa mano de sus peores artes para intentar por la vía del comportamiento antidemocrático lo que no puede conseguir por la vía del comportamiento democrático. La utilización de las instituciones en beneficio del interés particular, el debilitamiento de la Justicia y su sustitución por otro tipo de autoridades administrativas a las que en ningún caso la Constitución reconoce ese papel, se ha convertido en la tónica habitual para poder ejercer la presión sobre todos aquellos que discrepan del Pensamiento Único.

La detención de Ripoll

Es este un estado policial a cuyo mando se encuentra quien, probablemente, sea la mente más perversa de cuantas han pululado por la política española: Alfredo Pérez Rubalcaba, el hombre que siempre aparece cuando de las cloacas del Estado fluye la mierda para extenderla por doquier. Lo que está ocurriendo en las últimas horas, como anticipo del Debate del Estado de la Nación, no tiene nombre, ni desperdicio, y debería ser objeto de una acción fulminante de la Fiscalía pero, claro, la Fiscalía también depende del Gobierno. Miren, la denuncia del modo en que ha actuado la Policía en Alicante a la orden de Rubalcaba no justificaría, en ningún caso, el hecho de que las personas implicadas en este asunto hayan podido cometer delitos sancionables por la Justicia, pero debe ser ella, la Justicia, la que establezca si esos delitos existen y cuál es la condena por ellos. Ese papel no le corresponde a la Policía que, sin embargo, ha actuado como juez y como parte. El señor Ripoll, bien lo saben ustedes, y si no se lo digo, no es santo de mi devoción y desde luego esta denuncia que hago poco o nada tiene que ver con su persona, sino con el hecho de que como demócrata me resisto a contemplar impasible la degradación de un país, de mi país, en manos de una pandilla de sectarios aprendices del peor de los fascismos.

Les contaré algo que ustedes no saben, para que vean cómo se las gastan y cómo me asiste la razón en lo que digo. El pasado 8 de junio, coincidiendo con la huelga de funcionarios, la Policía se personó en el despacho del Juez Pedreira, que instruye el Caso Gürtell en Madrid, para solicitarle una orden de detención sobre varios cargos del PP madrileño, entre ellos el actual alcalde de Boadilla del Monte. El magistrado, sin embargo, se negó a hacerlo, primero porque la solicitud no venía de la Fiscalía como debía y, segundo, porque no estaba lo suficientemente fundamentada. La intención de Interior era buscar un titular al día siguiente que ‘tapara’ la huelga, pero esta vez no lo consiguió, aunque fue ‘filtrando’ convenientemente al diario El País el contenido del informe que había servido de base para la solicitud realizada ante Pedreira.

Lo que ha ocurrido en Alicante es aún más grave, porque se ha vulnerado el Estado de Derecho de modo flagrante y se han violado los derechos constitucionales de ciudadanos libres de este país, aunque sean políticos, y ese es el síntoma más grave que pueda imaginarse de la degradación y la descomposición del sistema que nos dimos en 1978. Aunque la gente siga disfrutando del fútbol y bañándose en la playa mientras suenan de fondo los acordes del último éxito de Shakira.
(articulo de Federico Quevedo, periodista )

Ripoll no fue detenido por orden judicial, el ministerio de interior es el unico responsable del circo mediatico montado con detenciones y acusaciones falsas

 (Jose Joaquin Ripoll, la nueva victima de los festivales mediaticos del ministerio de interior)

      VALENCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) - El titular del juzgado de primera instancia número de 3 de Orihuela ha sido informado "verbalmente, aunque no de manera oficial", de las comparecencias previstas para este jueves de algunas de las personas que fueron detenidas en el marco de la operación lanzada por la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, entre ellas el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll.
   Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ha asegurado en un comunicado --hecho público ante la "confusión suscitada por la citación para comparecer en este juzgado de varias personas", explica el organismo-- que al término de la mañana de este miércoles el juzgado "no disponía de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación, ni de su posterior puesta en libertad, ni de las fechas en las que hubieran sido emplazadas para comparecer en el Juzgado".
   La fuente añade que con anterioridad a la operación únicamente se recibió consulta sobre horarios y disponibilidad del órgano judicial y, una vez concluida la mañana, "el Juzgado no tenía constancia oficial de comparecencia alguna prevista para mañana o próximos días en relación a las Diligencias Previas 851/07, excepto lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación". Sin embargo, puntualiza, "a media tarde, el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto".  
   Asimismo, explica que el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela autorizó las entradas y registros practicados este martes como consecuencia de las correspondientes peticiones formuladas por parte de la Policía. Las resoluciones adoptadas fueron notificadas a los interesados "en tiempo y forma", recalca.
   El comunicado del TSJCV reitera que "no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna persona", salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial". Por tanto, precisa, "no existe cédula de citación alguna expedida por la oficina judicial, es decir firmada por el juez o el secretario, ni entregada por personal del juzgado, sino que la citación aludida obedecería, en todo caso, a la fuerza instructora del atestado policial".

   Finalmente, insiste en que "no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna", independientemente de que la Policía pueda practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación".

Gonzales Pons en relación con el atropello policial sufrido por Jose Joaquin ripoll" con Rubalcaba el estado de derecho esta en peligro"

La detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, “se decidió en Madrid”. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, acusó este miércoles a Alfredo Pérez Rubalcaba de orquestar la operación policial desplegada ayer en Alicante y en la que fueron detenidos también durante unas horas tres concejales populares de la localidad de Orihuela. “Con Rubalcaba, el Estado de Derecho está en entredicho”, afirmó.

Pons compareció en rueda de prensa para denunciar la actuación de la Policía Nacional que, a su juicio, suplantó al juez al proceder a la detención de Ripoll durante 12 horas. El PP considera que la Policía ha vulnerado los supuestos en los que puede practicar detenciones: para evitar un delito, porque se está cometiendo de forma flagrante, para evitar una fuga o destrucción de pruebas. “Pero no en un asunto que lleva tres años judicializado”.

El dirigente popular evidenció las contradicciones existentes entre los comunicados de la Policía y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha negado que el juez ordenara las detenciones, así como que se haya citado como imputado a Ripoll. Con una copia de la citación entregada por los agentes al presidente de la Diputación, Pons denunció que se trata de un documento sin ningún sello o firma de la Administración de Justicia, y donde sólo consta la firma de un agente de policía.

“Con los derechos fundamentales y  las garantías constitucionales no se juega. Uno por ser del PP tiene más posibilidades de ser detenido con más parafernalia, esto es un hecho desde hace varios años. El ministro debe aclararlo de inmediato”, exigió.

Asimismo, recordó que la Policía informó de que durante los registros se había encontrado dinero en metálico, extremo que ha negado Ripoll en rueda de prensa. Por todo ello, Pons concluyó que ayer “se practicaron detenciones a dirigentes del PP para hacer publicidad política en contra de la oposición y a favor de Gobierno”. Y ello, con un objetivo: “Allanar el camino a José Luis Rodríguez Zapatero para el debate sobre el estado de la nación”.

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OPINION DEL BLOGGER: conforme pasa el tiempo los jueces van arrojando luz sobre las tinieblas interesadas, ningun juzgado emitio orden de detención alguna contra el ciudadano Jose Joaquin Ripoll ni le imputa cargo alguno y ni tan siquiera lo citan para declarar acerca de ninguna diligencia judicial siquiera.  

Cada vez se hace mas evidente que el refran ese de "las mentiras tienen las patitas cortas" tan propio de la Vega Baja del Segura, en Alicante, de donde procede esta suerte de nuevo "capitan Dreyfuss" que nos ha dado esta corrupcion de la democracia en la que nos pretenden sumergir los supervivientes de los GAL pretenden hacernos pasar por autentica democrácia. Señores, si no somos exigentes con nuestra democracia, la hemos perdido, y para quien no sepa quien fue el capitan Dreyfuss, por favor que lea a Emile Zola (disponible aqui).


Un saludo y que la democracia triunfe donde fracasan los aspirantes a fascistas con barba de "iman" taliban

El PP pide explicaciones a ruGALkaka acerca del montaje de ayer con Ripoll

El PP ha exigido al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "explicaciones inmediatas" sobre el despliegue policial, incluido su coste, de una operación de "resultado desastroso" que ha provocado la detención y la posterior puesta en libertad del político alicantino José Joaquín Ripoll
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El vicesecretario de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, ha hecho estas declaraciones tras conocer que Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y del PP en la provincia, ha sido puesto en libertad, si bien el juez instructor podrá citarle para declarar en los próximos días y entonces sí imputarle. De hecho, los medios de Prisa aseguran que será este jueves cuando vuelva a declarar ante el juez, ya como imputado. Pero este martes, de acuerdo con las explicaciones de Pons, el presidente de la Diputación alicantina ha quedado en libertad sin medidas cautelares.

    Según las palabras del responsable de Comunicación del PP, y a la espera de que se confirme que el trabajo de la Policía en Alicante, en su opinión, ha sido "un montaje", el despliegue obedece a "una gran operación publicitaria que no ha conducido a ningún sitio".    "Ripoll ya ha sufrido la humillación del día de hoy porque es del PP", ha apostillado.

    Por ello, ha dicho Pons, el Partido Popular exige a Rubalcaba "explicaciones inmediatas" sobre un despliegue policial que ha dado como resultado "la puesta en libertad sin medidas cautelares de todas las personas detenidas en menos de cinco horas".

    A su juicio, hay que saber y que se concrete "cuánto dinero se ha gastado en esta investigación de más de dos años", si "estos policías se han destinado" a Alicante sólo para "investigar a dirigentes del PP" y el número de teléfonos intervenidos, así como el tiempo que han estado pinchados.

    Todo ello quiere averiguar el PP de la mano de Rubalcaba porque, según ha remarcado el vicesecretario de los populares, "el resultado de esta investigación es tan desastroso para la Policía que tiene toda la pinta de formar parte de un plan".

Operación en Alicante

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), ha sido detenido este martes por la mañana, y puesto posteriormente en libertad, dentro de una operación policial de la fiscalía anticorrupción y el juzgado número tres de Orihuela, en la que también ha sido arrestados tres concejales oriolanos.


    Tras prestar declaración, que no ha durado "más de diez minutos", según sus abogados, Ripoll ha quedado en libertad, aunque sus representantes legales no han precisado si es "con o sin cargos" porque la investigación se halla "bajo secreto de sumario". Los efectivos policiales han realizado registros en el Palacio de la Diputación, en el Ayuntamiento de Orihuela y en la vivienda de Ripoll, después de que en todos estos lugares y de forma simultánea se personaran agentes de la Policía Nacional, han informado fuentes próximas a la investigación.

    Alrededor de las ocho y cuarto de la mañana, los agentes se han desplazado hasta la vivienda de Ripoll, ubicada en Vistahermosa -una zona residencial de la capital alicantina-, donde el presidente de institución provincial ha "colaborado en todo", según las citadas fuentes.
Posteriormente, alrededor de las 12,30 horas, ha sido trasladado hasta el Palacio de la Diputación para iniciar el registro en estas dependencias, principalmente en la primera planta del inmueble.

    En concreto, la actuación policial sólo se ha llevado a cabo en el despacho de presidencia y en el de su secretaría, han informado fuentes próximas al caso.

    Dos horas y media más tarde, aproximadamente, la Policía Nacional ha concluido este registro y Ripoll ha salido de la institución custodiado por los agentes en dirección a la Comisaría Provincial para prestar declaración.

    Paralelamente, los efectivos policiales desplegados en el consistorio oriolano han realizado otro registro y han detenido a los ediles del equipo de gobierno local, los populares Manuel Abadía (Servicios e Infraestructuras Urbanas), Antonio Rodríguez Murcia (Pedanías) y Ginés Sánchez (Medio Ambiente), quienes han sido trasladados a la Comisaría Provincial.

    En el registro del consistorio, los agentes han recogido diversos archivos con documentación que luego han introducido en un vehículo policial.

    Tras conocer la actuación policial, el president de la Generalitat, Francisco Camps, ha pedido "responsabilidad y prudencia", mensaje que también se ha solicitado desde el Consell.
En el partido, las sensaciones que han trasmitido van desde la prudencia a la "contrariedad", según han declarado fuentes del Partido Popular, si bien la reacción predominante ante las informaciones que han ido sucediendo en Alicante ha sido la de la "intranquilidad".


(fuente: diario critico )

Nuevo ridiculo de la fiscalia de ruGALkaka, su intento de enmierdar a Jose Joaquin Ripoll (presidente de la diputacion provincial de Alicante) acaba sin una detencion y sin presentar cargos contra el a pesar del show mediatico con registros y demas parafernalia

Alicante, 6 jul (EFE).- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), ha salido en libertad "sin cargos", según una nota difundida por la institución provincial.

Minutos después de que los abogados de Ripoll no precisaran si la puesta en libertad de Ripoll ha sido "con o sin cargos", la Diputación de Alicante, a través de una nota remitida a los medios de comunicación, ha informado que es "sin cargos" y sin que se hayan adoptado "medidas cautelares" al presidente de la institución.

Ripoll ha sido puesto en libertad sobre las 20.00 horas tras prestar declaración en la Comisaría Provincial, según han informado sus abogados.
"Está bien de ánimo, aunque cansado, pero contento de colaborar" con la investigación y de "estar en libertad", ha dicho uno de los abogados de Ripoll, cuya declaración no se ha prolongado más allá de "los diez minutos". EFE
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OPINION DEL BLOOGER: Fracasados hasta en la mentira, la verdad es el muro contra el que se estrellan una y otra vez. Daría risa, si no fuera por la cantidad de dinero publico quemado para tratar de crear un circo mediatico para distraernos de la ruina que han creado. Darian pena, si no dieran tanto asco.

En fin, otro dia, una mentira menos que les queda por exprimir....